y definiciones políticas en torno a la Asamblea Constituyente
Quito, 22 de septiembre de 2025. — El país enfrentó un fin de semana marcado por movilizaciones, medidas de fuerza del Gobierno y un pronunciamiento clave de la Corte Constitucional en relación a la propuesta de una Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Protestas y estado de excepción
La eliminación del subsidio al diésel desató bloqueos en varias carreteras, principalmente en Carchi y Pichincha, lo que afectó la circulación en tramos de la Panamericana Norte y en vías secundarias. Organizaciones sociales y transportistas advirtieron que la medida encarecerá los costos de vida y de producción.
En respuesta, el Ejecutivo decretó estado de excepción en seis provincias, argumentando que existía “grave conmoción interna”. La medida facultó a las Fuerzas Armadas y la Policía para desbloquear vías e impedir aglomeraciones. Paralelamente, el Gobierno ofreció compensaciones económicas para agricultores, transportistas y familias vulnerables, buscando reducir el impacto social de la decisión.
La Corte Constitucional y la vía a la Constituyente
En el plano institucional, la Corte Constitucional (CC) emitió un dictamen sobre el Decreto Ejecutivo 153, mediante el cual el presidente Noboa convocó a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente.
El tribunal determinó que la vía propuesta es constitucionalmente válida de acuerdo con el artículo 444 de la Carta Magna, lo que permite avanzar hacia una eventual consulta ciudadana. Sin embargo, la Corte dejó pendiente la revisión del contenido del decreto: la pregunta que se planteará al electorado, los considerandos y el estatuto de la Asamblea, que definirá la elección y funcionamiento de sus miembros.
Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió el decreto presidencial, pero señaló que esperará el dictamen definitivo de la CC antes de fijar un cronograma para la consulta.
Escenario abierto
El avance hacia una Constituyente y las protestas sociales contra el fin del subsidio al diésel reflejan el clima de tensión política que atraviesa el país. El Gobierno sostiene que la medida económica es necesaria para reducir el déficit fiscal y que la reforma constitucional abrirá un nuevo ciclo institucional, mientras que sectores sociales alertan sobre el impacto en la economía familiar y temen una concentración de poder.
Los próximos días serán determinantes: la Corte deberá definir los contenidos del decreto, el CNE preparar el eventual referéndum y el Gobierno atender la conflictividad social. Ecuador entra así en una semana decisiva donde el diálogo y las instituciones marcarán el rumbo político inmediato.